Capítulo I

Génesis de la cocaína boliviana

Agosto de 2018

Casi al cierre de 1961 los primeros decretos sobre coca y drogas marcaron el ingreso de Bolivia al régimen prohibicionista. Este se había fortificado meses antes, con la Convención Única sobre Estupefacientes de Nueva York. Según sus lineamientos, la política boliviana acogió como ejes fundamentales a la sustitución de cultivos de coca y un trato penal especial para otros “problemas” en el lado de la oferta, que es donde la diplomacia mundial ubicaba al país.

Se ha dicho que el ascenso de Evo Morales a la presidencia del país en 2006, se dio por efecto contradictorio de la prohibición, puesto que su liderazgo surgió en una zona cocalera especialmente afectada por la Guerra a las Drogas. El dirigente sindical planteó nacionalizar la política de drogas, aludiendo un cambio de paradigma en torno a la revalorización de la hoja de coca.

Sin embargo, tras más de 12 años de gestión, las prácticas institucionales en Bolivia evidencian que los lineamientos de la prohibición siguen firmemente instalados. Para el ámbito nacional, la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020 estipula los mismos pilares que los instaurados en 1961: Reducción de la Oferta, Reducción de la Demanda y Control de Cultivos Excedentarios de Coca. Además, plantea priorizar el tema en el marco de la Seguridad del Estado.

Así, el Estado Plurinacional de Bolivia continúa forjando una política de drogas funcional a la concentración de poderes y la acumulación de recursos. Vale decir: también en su modalidad nacionalizada y sin coordinar con la Drug Enforcement Administration (DEA), el gobierno boliviano ayuda a crear condiciones adecuadas para una permanente regeneración del status quo hegemónico del proceso de globalización.

Algunas manifestaciones directas de esta realidad son: la persecución selectiva de personas involucradas en niveles inferiores del narcotráfico (“Reducción de la Oferta”); la reforzada criminalización de consumidores (“Reducción de la Demanda”); el generalizado y vertiginoso aumento del uso de agroquímicos en la producción de coca, y un enfoque de la erradicación sin precedentes en zonas de cultivación tradicional (“Control de Cultivos Excedentarios”).

¿Qué motiva este deliberado no-rompimiento con el régimen prohibicionista en la presidencia de Evo Morales? La pregunta no tiene una respuesta única o sencilla, pero sin duda, es esencial para retomar el estancado debate nacional. En esa perspectiva, vale comenzar con una indagación sobre la manera de comprender la relación entre el Estado y el narcotráfico.

La prohibición ubica a los dos en espacios distanciados, bajo el supuesto de que el último constituiría el peligro o problema que el otro debería evitar o solucionar. Se propone visualizar una línea entre el lado productor (oferta) y consumidor (demanda) que requeriría respuestas enfáticas desde un inmaculado pero asediado Estado de derecho o, de ser necesario, con apoyo de recursos adicionales aunque atenten contra los derechos humanos.

La experiencia mundial con la aplicación de políticas de prohibición muestra otra realidad, y más bien lleva a describir la relación: “no como una línea horizontal entre productores y consumidores sino, como un triángulo” con gobiernos y agencias estatales en la cúspide[1]. Dicha vinculación triangular, y la posición clave que ocupa el Estado en él, se muestran por ejemplo en la historia temprana del negocio de la cocaína boliviana.

Este surgió por efecto de la instalación del prohibicionismo en Perú donde, hacia finales de los cuarenta, el régimen militar de José Manuel Odría comenzó a perseguir la producción nacional de cocaína para el mercado legal europeo y el estadounidense (concentrado en Nueva York), que estaba criminalizado desde 1914.

La producción peruana encontró refugio en Bolivia y condiciones adecuadas para continuar el emprendimiento. De ese modo, la declaración de ilegalidad por parte del Estado estadounidense primero y el peruano después, dio lugar a un nuevo protagonismo en territorio boliviano. En ello la protección institucional jugó un rol clave, en un inicio personificada en la figura de Luís Gayan Contador, un chileno naturalizado con altos cargos en la Policía del nacionalismo revolucionario de los años cincuenta.

Esa complicidad estatal, en Bolivia y otros países, determinó los rasgos del nuevo dominio temporal sobre la producción y el suministro de cocaína boliviana. Se establecieron centros operativos mayores en Antofagasta/Cochabamba (la familia Huasaff Harb) y La Paz (Blanca Ibañez de Sánchez), y rutas principales a Nueva York vía Cuba, que permanecieron intactos hasta la revolución castrista de 1959[2].

Ver: Capítulo II. Donde manda el Estado, sobre los liderazgos en el negocio de las drogas.

 

[1] Peter Dale Scott y Jonathan Marshall 1991 Cocaine Politics. Drugs, Armies, and the CIA in Central America. Berkeley: University of California Press, página xv.

[2] Paul Gootenberg “The ‘Pre-Colombian’ Era of Drug Trafficking in the Americas: Cocaine, 1945-1965” en The Americas, 64: 21, September 2007.