Capítulo II

Donde manda el Estado

Octubre de 2018

En Capítulo I se constató que los Estados mantienen una relación triangular con el consumo y la producción de drogas ilícitas. La posición del Estado en la cúspide de ese triángulo, se muestra entre otros en la historia temprana del negocio de la cocaína boliviana, que nació a finales de los años cuarenta con la instauración del régimen prohibicionista en el Perú.

Las políticas de prohibición ignoran y ocultan ese rol protagónico de los Estados. Alegan que la creación del “problema de las drogas” es dominio de lo ilícito y criminal. Dicha mirada promueve dos grandes confusiones. Primero: asocia drogas y narcotráfico, cuyos ámbitos, en realidad, sólo se vinculan en lo comercial. Se pasa por alto lo que Norberto Emmerich llama “la doble naturaleza organizacional y política” del narcotráfico, que asume un comportamiento empresarial para generar dinero (mediante el negocio de las drogas), pero recurre a su naturaleza política para crear y mantener las condiciones territoriales necesarias. Ahí imita el comportamiento estatal. Negar esa esencia política constituye la segunda gran confusión que crea la prohibición, al ignorar que el narcotráfico, más que sólo un negocio, es una relación social de dominación. Su vinculación “es más fuerte con el Estado que con las drogas”[1].

Como agente político, el narcotráfico tiene una carpeta de ofertas atractivas (la perspectiva de ganancias, mejores condiciones de vida, status y reconocimiento, protección) que le permite adquirir legitimidad y poder en territorios (sociales, institucionales y geográficos) que son desatendidos por otros actores con capacidad de sentar soberanía. Un Estado que no puede garantizar las condiciones de bienestar que le permitan construir dominio en un territorio, tiene dos alternativas para lidiar con el control narcotraficante: pelear por el monopolio, o entrar en un acuerdo sobre recursos y conductas. Las maneras en que los Estados afrontan ese dilema, determinan los tipos y la variedad en su relación con el narcotráfico. Cabe concluir que por regla: “el narcotráfico no coopta al Estado sino que el proceso es más bien el contrario” [2].

Emmerich resalta que en países como México y Colombia, las militarizadas políticas de drogas obligaron a los poderes ilícitos a entrar en una lógica de guerra para sobrevivir. Ambos casos evidenciaron vertiginosos aumentos en las violencias, inversiones en los aparatos de control estatal y violaciones de los derechos humanos, pero ninguna disminución real de la actividad narcotraficante. Lo que sí mostraban los promotores de estas guerras con bomba y platillos, era una sucesión de impactos con valor discursivo, como lo fueron la muerte de Pablo Escobar o una subsiguiente detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Al respecto, un observador cercano comentó que en México “siempre hay un cártel protegido […que] va a hacer lo que tiene que hacer, pero no pone en problemas al gobierno. Y el gobierno se encarga de tener en jaque, o controlados, al resto”[3]. De manera similar, en Colombia la sucesiva interrupción de poderes concentrados en Medellín (años ochenta) y Cali (años noventa), dio lugar al surgimiento de “por lo menos 250 nuevas agrupaciones asentadas en grandes, medianas y pequeñas poblaciones de Colombia […que] cuentan con infraestructura de punta, como lanchas rápidas y amplias conexiones en Estados Unidos y México, por lo que el negocio del narcotráfico está convertido en una actividad más redituable y quizá menos violenta que en otros tiempos. […Esta] nueva generación de narcotraficantes entendió que la sobrevivencia en el negocio de las drogas depende de la discreción”[4].

El requisito de la discrecionalidad también aplica para quienes asuman los roles estatales en la cúspide del triángulo, donde se expresa de dos maneras: en la selectividad de políticas y prácticas, y en la reserva de información y resguardo contra exposición. Esta discreción dual es esencial para la prohibición, pues de ella depende la legitimidad que esta goza como modelo de acción colectiva. En el continente americano permite mantener el enfoque de la interdicción en sucesivos ‘grandes capos y carteles’ dispensables asentados al sur del Río Bravo, y alejar la mirada pública de la protección a las redes socias del momento. Asimismo, el permanente flujo de armas de alto poder bajo control de traficantes estadounidenses recibe notablemente menos atención que las drogas ilícitas que cruzan los mismos puntos fronterizos en dirección contraria, aunque los primeros constituyen un factor clave en la resolución violenta de disputas territoriales en México.

Cabe decir que la confrontación violenta, en general no favorece un exitoso emprendimiento. En escenarios poco militarizados el control narcotraficante “suele realizarse en complicidad con las autoridades policiales, judiciales y políticas de la zona”[5]. Esta realidad permea la historia de la cocaína boliviana, cuyo protagonismo nacional ha sido tipificado como libre-empresarial, socialmente legitimado, no anti-estatal, y pacífico, en tanto consensua los espacios de su actividad y evita expresiones violentas[6]. En la cúspide estatal la protección y colusión policiales aparecen como un factor constante. Las complicidades que pudieron ser parcialmente expuestas dan lugar a trazar una línea cronológica desde las complicidades del naciente Estado policial de los años cincuenta hasta los sonantes casos de los generales René Sanabria y Oscar Nina de la década actual.

Ver: Capítulo III. Estado policial y poder de Estado, sobre la suplantación del Estado de derecho en un régimen de prohibición.

[1] Norberto Emmerich 2015 Una teoría política para el narcotráfico. Quito: IAEN, pp. 32-37.

[2] Ibídem, p. 83.

[3] Héctor Rosado, en Julie López 2016 El Chapo Guzmán: La escala en Guatemala. México: Planeta, p. 233.

[4] Ricardo Ravelo, Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico. México: Random House Mondadori, p. 130.

[5] Emmerich 2015, obra citada, p. 44.

[6] Hugo Rodas Morales 1996 Huanchaca. Modelo político empresarial de la cocaína en Bolivia. La Paz: Plural, p. 253.