Capítulo III

Estado policial y poder de Estado

Noviembre de 2018

En Capítulo I se constató que los Estados (en general) mantienen una relación triangular con el consumo y la producción de drogas ilícitas. Capítulo II mostró cómo la prohibición brinda facilidades y recursos de poder a los Estados con los que pueden cooptar al narcotráfico e influir en sus estructuras organizativas. Se dan complejos procesos simultáneos de negociación y confrontación, con resultados muy diversos en los distintos territorios y tiempos. Sin embargo, un factor común y constante es la discrecionalidad: siempre hay grupos ‘consentidos’, mientras que otros reciben plomo o cárcel.

El carácter discrecional, propio de la prohibición, se ha hecho más visible en países como México y Colombia, cuyos gobernantes optaron en su momento por aplicar estratégicas de represión particularmente agresivas. Estas se apoyan o se apoyaban fuertemente en el poder de fuego militar y paramilitar, impulsando horrorosas escaladas de violencia, arbitrariedad, complicidad, pérdida de soberanía y suspensión de derechos ciudadanos, especialmente de los sectores más excluidos. Numerosos estudios muestran con claridad cómo los sucesivos gobiernos, locales o nacionales, todos tuvieron a sus protegidos entre las agrupaciones y redes ilícitas. Ejemplos son los llamados ‘cárteles’ de Medellín y Cali en Colombia en los ochenta y noventa, o en México los de Tijuana, Juárez y el Golfo hasta la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), y los mal llamados ‘pacíficos’[1] de Sinaloa a partir de la gestión de Vicente Fox.

Igual que pasa en México y Colombia, en todos los Estados se presentan estas prácticas selectivas de protección o deliberada desatención versus represión, pero las modalidades varían y se hacen menos evidentes en la medida en que el espíritu guerrerista ceda ante la negociación. Es así que –ante la sobreexposición de violencias en México- es fácil pasar por alto que las ganancias obtenidas con drogas ilícitas y con las armas que sostienen a sus sangrientas confrontaciones en el Sur, continúan terminando mayormente incorporadas en la economía estadunidense.

En la crónica de la prohibición boliviana prevalecen las dinámicas de convivencia con el narcotráfico, con la particularidad de que el alcance del poder estatal es intermediado por avances y retrocesos en la consolidación del Estado policial. Michel Foucault advirtió que el Estado de policía que surgió con la Iluminación europea, típicamente reclama competencias sobre la gestión del cuerpo social en sentido amplio: además de orden y tranquilidad, pretende asegurar el ‘bien público’. Como observa Sofía Tiscornia, dicha expansión “se imbrica en relaciones de poder locales, […] trasciende la institución policial pero al mismo tiempo se encarna en ella, en sus prácticas, reglamentos e ideología”[2]. En ese afán se instalan dispositivos coercitivos de control, como es la definición de ‘contravenciones’ cuya comisión debe ser castigada, o la legitimación de prácticas de vigilancia policial (p.ej. el programa ‘Mochila segura’ ampliamente implementado en colegios bolivianos) que van de la mano de las nociones prohibicionistas del momento y se riñen con el ‘Estado de derecho’ que plantea poner límites al poder de los gobernantes.

También las diversas ideas sobre el Estado de derecho (Rechtsstaat alemán, Rule of Law británico, Etat de Droît francés), nacieron al calor del pensamiento racional de la Iluminación. Pero, contrario al espíritu de subordinación al orden establecido que rige en el Estado policial, estas se centran en la protección de derechos ciudadanos, y más bien postulan una subordinación de todos por igual a la ley. Cabe señalar que la práctica prohibicionista tiende a superar esta distinción. “A diferencia del viejo terrorismo de Estado de los años sesenta y setenta”, resalta un observador mexicano, “en la actualidad se da la coexistencia del pregonado Estado de derecho con un verdadero estado de excepción”[3].

Comparado con México, los métodos del ‘control al narcotráfico y el crimen organizado’ en  Bolivia suelen provocar menos escándalo y cuestionamiento; pero no por ello pierde relevancia su sistemática transgresión del Estado de derecho. Se ha documentado cómo la protagónica participación del Cuerpo de Carabineros en la Revolución Nacional, “internalizó en la Policía una visión enteramente autónoma respecto a su nuevo rol de seguridad en el Estado nacido en 1952”. En lo posterior surgieron fuerzas (políticas y/o militares) que llegaron a restringir competencias o coartar condiciones para que la Policía boliviana efectivamente ejerciese ese rol. Pero: su autonomía de gestión y manejo de recursos (reservados), encontró un salvavidas en la progresiva instauración del régimen prohibicionista. Según relata Quintana, en 1974 el general Hugo Banzer comenzó a gestionar la plena integración funcional de la ‘institución del orden’ en su régimen, “permitiéndole recuperar vastos espacios de autonomía y competencia institucional”[4].

Que ello encajaba muy bien con las funciones del ‘control de drogas’ ilustra la historia de José Abraham Baptista. Este funcionario de la llamada ‘narcodictadura’ presidida por Luís García Meza fue asesinado en octubre de 1980, luego de amenazar con exponer detalles sensibles del negocio ilícito que, como subalterno en la recaudación y el blanqueo de ganancias, conocía de cerca. Un dato menos relatado es que Abraham ya fue detenido con cocaína en marzo de 1971, mientras ejercía una jefatura departamental de investigación policial; para ser excarcelado tras el golpe banzerista de ese agosto por órdenes del mismo presidente, quien destacó los ‘servicios al país’ que habría brindado el policía emprendedor. En su momento Abraham personificaba un articulado ideal de control y hegemonía estatal.

Las complicidades y poderes especiales que la Policía boliviana pudo construir y consolidar de ese modo en tiempos de dictadura, no encontraron mayor obstáculo para sobrevivir en democracia. Hasta 2002, siempre según Quintana, la institución “conservó hábitos extra-jurídicos, acumuló capacidad de manipulación política, autonomía corporativa, expresiones deliberativas y un bajo grado de eficiencia, cuyas consecuencias reflejaron la irregular supremacía policial sobre la autoridad estatal”.[5] ¿Ha cambiado aquello con el ‘proceso de cambio’ dirigido por el presidente Morales junto a partidarios y aliados del Movimiento Al Socialismo (MAS)? El trato privilegiado y exento de escrutinio público que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía supieron resguardar en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, plantea serias dudas al respecto e invita a indagar a profundidad.

Próximamente: Capítulo IV. Socios en camino a su boda de oro, sobre pistas de conexiones pasadas y recientes.

 

[1] Obviamente se alude al mayor control sobre las regiones occidentales de la Costa Pacífica mexicana.

[2] Sofía Tiscornia « Entre el imperio del ‘Estado de policía’ y los límites del derecho » en Nueva Sociedad, No. 191, mayo-junio 2004. Buenos Aires, p. 81.

[3] Carlos Fazio 2016 Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. México : Penguin Random House, páginas 221-222.

[4] Juan Ramón Quintana 2005 Policía y democracia en Bolivia. Un política institucional pendiente. La Paz : PIEB, páginas 50; 59.

[5] Idem, páginas 76-77.